SANTO DOMINGO. – En un país donde la ciudadanía exige mayor transparencia y sanciones ejemplares contra la corrupción, el caso del diputado Sergio Moya de la Cruz, conocido como “Gory”, representa un símbolo de impunidad institucionalizada. Desde que asumió su curul en la Cámara de Diputados el 16 de agosto de 2016, Moya ha incumplido sistemáticamente con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, al no presentar una sola actualización de sus bienes durante casi diez años.
La citada ley exige que todo funcionario público entregue una declaración jurada al inicio y final de su gestión, así como cada dos años o ante cualquier variación sustancial de su patrimonio. La omisión constituye una falta grave, según el artículo 14, con consecuencias penales, administrativas y la posible inhabilitación del cargo, como establece el artículo 15. Sin embargo, Moya ha evadido esta responsabilidad durante tres períodos legislativos consecutivos —2016, 2020 y 2024— sin recibir sanción alguna por parte de la Cámara de Cuentas ni del Congreso Nacional.
El incumplimiento de Moya cobra mayor gravedad considerando que actualmente está formalmente imputado en el escandaloso caso Calamar, una red mafiosa dedicada a la corrupción administrativa, el lavado de activos y la extorsión desde las estructuras del Estado. La falta de actualización en su declaración patrimonial obstaculiza cualquier intento de rastrear el crecimiento de su fortuna, debilitando los mecanismos de fiscalización y transparencia.
Pero su prontuario no se limita al territorio dominicano.
Historial delictivo en el extranjero
De acuerdo con fuentes judiciales internacionales, Sergio Moya ha sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con estructuras criminales en Estados Unidos y Panamá. En años anteriores, autoridades panameñas abrieron una indagatoria contra empresas offshore relacionadas con su entorno familiar y político, bajo sospechas de canalizar fondos de origen ilícito. En Estados Unidos, su nombre ha aparecido vinculado a operaciones sospechosas de transferencia de dinero en Florida, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos formales.
Esta suma de elementos —evasión sistemática de obligaciones legales, imputaciones de corrupción a nivel local y antecedentes de investigaciones internacionales— plantea una inquietud legítima: ¿cómo un legislador con este perfil continúa siendo postulado, reelecto y blindado por el sistema político dominicano?
Ni la Junta Central Electoral, ni la Cámara de Cuentas, ni los partidos que lo promueven han exigido explicaciones. La negligencia de estas instituciones no solo tolera el incumplimiento legal; lo legitima. ¿Qué tiene hoy Moya que no tenía en 2016? ¿Cuánto ha crecido su patrimonio sin control ciudadano ni auditoría estatal?
Una señal alarmante para la democracia
Lo que está en juego aquí no es solo una declaración patrimonial: es la capacidad del Estado para exigir cuentas a quienes legislan y manejan recursos públicos. La figura de Gory Moya expone los vacíos, los silencios y las complicidades que aún imperan en el sistema político dominicano. En una democracia funcional, este tipo de conducta debería tener consecuencias inmediatas. En República Dominicana, parece ser parte del manual de supervivencia política.
Fuente: Medios
Panorama
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